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La obligación de cuidado de los hijos o descendientes tiene rango constitucional en nuestro ordenamiento sin que el divorcio o la separación pueda extinguir esta obligación a cargo de los progenitores. La denominada pensión de alimentos conduce a equívocos ya que estamos ante un concepto que resulta considerablemente más amplio que la simple aportación de cantidades destinadas únicamente a lo que se entiende por alimento en el lenguaje coloquial, comprendiendo además todo lo indispensable para cubrir las necesidades básicas de la familia, a saber, vestimenta, hogar, asistencia médica o educación, entre otros.

La guardia y custodia del menor así como la pensión alimentaria, se establecen cuando se realiza una separación o divorcio, bien sea por ser pareja de hecho o la extinción conyugal de ambas partes.

La pensión alimentaria no sólo contempla alimentos, también debe cubrir necesidades de vestimenta, educación…

El Código civil señala que la separación y el divorcio no eximen de las obligaciones de los padres para con los hijos. En la mayor parte de los supuestos serán los progenitores quienes, ante una situación de crisis matrimonial y dado que conocen las necesidades de la familia, establezcan el reparto de las obligaciones asumidas por cada uno de ellos y que posteriormente se plasmarán en el convenio regulador. En caso contrario, será el juez quien establezca en sentencia las obligaciones que deba asumir cada padre.

Obligaciones que lógicamente cesarán por muerte del destinatario o del obligado. También cuando los recursos económicos del prestamista se reduzcan hasta tal punto que la obligación impuesta hiciera peligrar su propia subsistencia. La mayoría de edad de los hijos no implica per se la extinción de la obligación sino que podrá extenderse como consecuencia de la situación personal de los mismos, esto es, si estuvieran estudiando o sin medios suficientes para subsistir. Por otro lado, la pensión de alimentos podrá modificarse en función de que cambien las necesidades de beneficiario y benefactor.

La única forma de cesar estas obligaciones básicas es por muerte del destinatario o del obligado o cundo los recursos económicos peligren su propia subsistencia.

Si alguna de las partes incumple las obligaciones acordadas por sentencia, el perjudicado o quien ostente la patria potestad  podrá instar el cumplimiento forzoso de la resolución, es decir, solicitar al juzgado que proceda a la averiguación y embargo de los bienes del obligado a la prestación mediante la denuncia por falta de pago de pensión alimenticia.

 El incumplimiento de la obligación de prestar alimentos puede dar lugar incluso a responsabilidades penales si se produce el impago de 4 meses no consecutivos o 2 meses consecutivos. Estaríamos aquí ante una conducta penal tipificada que puede suponer incluso la pena privativa de libertad. Si bien lo deseable será siempre instar el cumplimiento por otros medios que no supongan un perjuicio aún mayor a los menores.

Incumplir con las obligaciones alimentarias podría provocar el embargo de los bienes del obligado.

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